Derecho a la salud

¿Qué es el derecho a la salud?

Más alto nivel de salud

El derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente.

No es alcanzar una forma particular de buena salud, sino la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible de salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana.

De acuerdo con este contenido esencial del derecho, son obligaciones del Estado:

Adoptar una política nacional de salud, acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud.
Crear las condiciones que aseguren a todas las personas en el territorio de su jurisdicción, asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad física y mental.
Proporcionar atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad.
Asegurar que todos los profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y ética.

Indivisibilidad de la vida

El derecho a la salud es indivisible del derecho a la vida y a la integridad personal. Todas las conductas o actos en materia de salud que tengan la intención o que, producto del irrespeto o incumplimiento de obligaciones del Estado, tengan como resultado poner en peligro la vida o la integridad física o mental de cualquier persona, deben ser investigados y sancionados.

Dado que un problema de salud puede presentarse en cualquier momento, producir lesiones permanentes o poner en riesgo la vida –por causas de índole física o mental, o por causas externas-, existen medios que deben garantizarse de manera inmediata. Entre ellos:

Prevenir, reducir y eliminar eficazmente todo factor que pueda tener consecuencias nocivas para la salud.
Garantizar la permanente disponibilidad de una atención médica calificada, adecuada y oportuna para atender toda situación de emergencia.
Prever las condiciones necesarias que eviten y protejan eficazmente a las personas de todo acto o evento con el potencial para producir muertes evitables y daños prevenibles a la salud, entre los que se encuentran:

Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas.
Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad.
Reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil, asegurando el sano desarrollo de los niños.
Disuadir acerca del uso indebido de alcohol y tabaco, y del consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas.
Formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y el suelo.
Prevenir la violencia en todas sus manifestaciones, los accidentes de cualquier clase, la tortura, las penas y los tratos inhumanos o degradantes.
Prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.

Calidad de vida

La calidad de vida es un concepto integrador de los derechos humanos dentro de sus características de interdependencia. Trasciende los conceptos de bienestar, permitiendo abordar la multiplicidad de factores del entorno económico, social, cultural y político en el curso de la vida de cada ser humano.

Desde su concepto integrador, parte del derecho de toda persona a la libertad y capacidad para participar de forma autónoma en la construcción individual y colectiva de sus proyectos y de la forma de sociedad en la que viven.
En este sentido, todo factor que influya negativamente en la calidad de vida, es una causa de pérdida de autonomía para ejercer derechos fundamentales.

Estas causas pueden ser las enfermedades, la falta de alimentos, la falta de agua y de servicios de saneamiento, un medio ambiente degradado, la violencia en todas sus formas, los accidentes, el uso de drogas, la descolarización, la escasez de renta o el desempleo forzado, incluyendo las deficiencias y barreras económicas a la atención de la salud, así como los obstáculos y dificultades para el ejercicio de una participación democrática.

Dentro de este concepto, el derecho a la salud también abarca entonces el goce y ejercicio de otros derechos humanos indispensables para la salud, como:

pleno acceso al agua potable.
una sana y adecuada alimentación.
disponibilidad de espacios apropiados para realizar actividad física.
educación e información sobre los diferentes aspectos de la salud humana.
una vivienda con servicios sanitarios.
condiciones sanas en el trabajo.
un ambiente adecuado y libre de contaminación.
medios económicos estables que permitan disfrutar de todos los derechos anteriores.

Participación

El derecho a la salud requiere del involucramiento activo y constante de las personas, los grupos organizados y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de decisión relacionadas con políticas y planes a nivel comunitario, local, regional y nacional, con la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, y con la organización del sector salud y del sistema de seguridad social.

La participación libre, plural y democrática representa una garantía fundamental para hacer valer las obligaciones que competen al Estado en el derecho a la salud. Asimismo, la participación facilita la contribución de los diferentes sectores de la sociedad a la solución de problemas y a la promoción de la salud.

Toda estrategia y plan de acción en salud debe elaborarse y prever mecanismos para que sean revisados periódicamente mediante un proceso transparente y abierto al escrutinio social.

¿Cuáles son las responsabilidades de los Estados?

Pleno reconocimiento

El derecho a la salud es un derecho humano consagrado en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pidesc, Artículo 12. 1) “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Es responsabilidad del Estado reconocer suficientemente el derecho a la salud en los sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante leyes formales.

El derecho a la salud es inviolable e incondicional. Nadie puede ser privado de este derecho, ni su disfrute puede condicionarse o restringirse por razones inadmisibles, en contra del contenido esencial del derecho o de modo incompatible con las necesarias en una sociedad democrática.

El derecho debe estar reconocido por leyes formales y una autoridad pública debe ser responsable de su protección a nivel nacional.

Constitución, Artículo 85. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.

Eficaz protección

El Estado debe abstenerse de adoptar medidas restrictivas indebidas o regresivas del derecho a la salud.

Toda restricción por motivos de salud pública, orden público o seguridad nacional, debe tener como base la protección de los derechos de las personas y no de gobiernos.

Es una obligación del Estado justificar este tipo de medidas. Deben dictarse conforme a la ley y a las normas internacionales de derechos humanos; ser compatibles con la naturaleza de los derechos y estrictamente necesarias para el bien general en una sociedad democrática; ser la solución menos restrictiva y temporales en un plazo definido, geográficamente delimitadas y sujetas a revisión.

Son restricciones inadmisibles del derecho a la salud en las normas internacionales de protección de derechos humanos y de las cuales el Estado debe abstenerse:

Denegar o limitar el acceso igual de todas las personas a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos, incluidos los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales.
Restringir la circulación de personas o privar de libertad a las personas con una condición de salud crónica como el VIH/SIDA.
Privar de asistencia médica a presuntos opositores de un gobierno.
Negar la vacunación a los integrantes de una comunidad contra graves enfermedades infecciosas.
Imponer prácticas discriminatorias como política de Estado en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer.
Prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.
Censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información sobre la salud, incluida la educación sexual y la información al respecto.
Impedir la participación en los asuntos relacionados con la salud.
Comercializar medicamentos peligrosos.
Aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales y siempre que estén sujetos a condiciones específicas y limitadas, respetando las mejores prácticas y las normas internacionales aplicables.
Limitar el acceso a los anticonceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y reproductiva.
Contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra.
Utilizar o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de ello, se liberan sustancias nocivas para la salud del ser humano.
Limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva (por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario).

En caso de tomar medidas restrictivas o regresivas que desmejoren el derecho, es una obligación del Estado demostrar que se realizó previamente un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles. Estas medidas deben ser justificadas sobre la base de haber utilizado con anterioridad los recursos máximos disponibles del Estado para evitarlo.

Máximo uso de los recursos

Puesto que ninguna persona está exenta de problemas de salud -por enfermedad, lesión, condición o motivo de edad-, gozar plenamente del derecho a la salud sólo es realizable si todas las personas tienen acceso efectivo a medios de atención.

El hecho de que la disposición de medios tenga tanta importancia en este derecho no resta posibilidades a su satisfacción plena. Es deber del Estado garantizar que los medios existan y remover cualquier barrera que impida o limite el acceso a éstos, hasta el máximo de los recursos de los que disponga.

La disponibilidad de medios comienza con estructuras de atención y un suficiente financiamiento público en salud, además de políticas y planes de acción nacional, así como equipos de gestión sanitaria calificados para dar una eficaz respuesta a la situación de salud de la población; e incluye:

Un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención de la salud (hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud) y programas, así como de personal médico y profesional capacitado y bien remunerado.
La extensión de los servicios de salud a todas las personas, teniendo debidamente en cuenta su distribución equitativa a lo largo del país, y su accesibilidad geográfica o física para las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con condiciones crónicas.
El acceso a tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones y lesiones; de discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; y de problemas de salud mental, incluyendo el suministro de medicamentos esenciales.
El acceso a educación e información en salud, lo cual incluye solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.
La atención de la salud reproductiva, materna (prenatal y postnatal) e infantil.
El acceso a tecnologías pertinentes.

No discriminación

El derecho a la salud no admite ninguna forma de discriminación, de hecho o de derecho, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud, orientación sexual y situación política, social o de otra índole, que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de garantías a la igualdad del goce o ejercicio de este derecho.

Para que sea posible desaparecer y erradicar la discriminación, la protección del derecho a la salud y de los demás derechos humanos involucra también la equidad, como una particular norma que admite actos y medidas de diferenciación por distintos motivos, con la única y expresa intención de corregir la discriminación de hecho o existente.

La confidencialidad y el secreto médico es inviolable, ya que garantiza el resguardo de la intimidad y vida privada de la persona y no ser discriminada por su condición de salud.

La no discriminación comprende también ningún tipo de práctica coercitiva por la condición de salud de las personas que pueda impedir o menoscabar la libertad y la autonomía para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud; la libre expresión, opinión y comunicación y el libre flujo y acceso a la información; la libertad de movimiento dentro o fuera del país; y la libertad para asociarse y participar en decisiones que le conciernan.

Impone también a los Estados la obligación de prohibir por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación por la condición de salud.